El valor de la auditoría legal de PRL como prueba ante los tribunales

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Una auditoría legal de prevención de riesgos laborales puede adquirir una relevancia importante cuando un tribunal examina cómo funcionaba el sistema preventivo de una empresa. Su alcance va más allá de acreditar que se ha cumplido una obligación periódica: las verificaciones realizadas, las deficiencias detectadas y las actuaciones para corregirlas pueden aportar información valiosa sobre la gestión de la seguridad y salud laboral.

Así se aprecia en la sentencia 566/2025, de 18 de noviembre, del Juzgado de lo Penal n.º 2 de León, relativa al accidente ocurrido en la Hullera Vasco-Leonesa el 28 de octubre de 2013, en el que fallecieron seis trabajadores. La resolución absolvió a los dieciséis acusados al considerar que las pruebas practicadas no permitían acreditar incumplimientos preventivos que justificaran atribuirles responsabilidad penal.

Entre la abundante documentación examinada figuraban las auditorías reglamentarias del sistema de prevención realizadas en 2012 y 2014, antes y después del accidente. La jueza les dedica una valoración expresa y explica por qué sus conclusiones resultaban relevantes para resolver el procedimiento.

Uno de los elementos destacados es que se trataba de auditorías periódicas exigidas legalmente, cuya finalidad era examinar el sistema preventivo. También valora la independencia de sus autores, su cualificación técnica y las visitas realizadas a las instalaciones para verificar las condiciones recogidas en los informes. El auditor que compareció en el juicio explicó el trabajo documental, las entrevistas y las comprobaciones sobre el terreno que sustentaban sus conclusiones.

Las auditorías habían detectado desviaciones. Sin embargo, la sentencia considera que se referían a cuestiones documentales, que habían sido subsanadas y que no guardaban relación con el accidente. Este matiz resulta esencial: el valor de una auditoría depende de lo que comprueba y acredita, incluido el tratamiento de las deficiencias que identifica.

La resolución también cuestiona que el perito judicial hubiera prescindido de las auditorías en su análisis. A juicio de la magistrada, sí eran relevantes para valorar el cumplimiento preventivo de la empresa. Añade, además, que esa apreciación favorable no habría podido mantenerse si los informes hubieran revelado incumplimientos reiterados, sin corregir, graves o con posible incidencia en el origen del accidente.

Para las organizaciones, el caso permite extraer una enseñanza práctica: conviene gestionar la auditoría como una evaluación del funcionamiento real de la prevención, conservando las evidencias que sustentan sus resultados y documentando las medidas adoptadas para resolver sus hallazgos. La participación de los distintos niveles de la empresa y la comprobación de las condiciones de trabajo contribuyen a que el informe refleje una realidad verificable.

Una auditoría favorable no garantiza la ausencia de accidentes ni determina por sí sola una absolución. En este procedimiento, la decisión respondió a la valoración conjunta de testimonios, documentación e informes técnicos. Su interés reside en mostrar cómo una auditoría rigurosa puede contribuir a acreditar la actividad preventiva efectivamente desarrollada.

Fuente: Sentencia 566/2025, de 18 de noviembre, del Juzgado de lo Penal n.º 2 de León. ROJ: SJP 15/2025. Especialmente, páginas 224–225 y 233. La resolución indicaba que era recurrible; no se ha verificado su firmeza posterior.